El testimonio del doctor Elvis Samuel Méndez ha encendido un debate sobre la responsabilidad médica y la protección del paciente en República Dominicana. Lo que comenzó como un procedimiento rutinario de salud terminó en una experiencia dolorosa que, según afirma, transformó su vida por completo y lo llevó a emprender una batalla legal por presunta mala práctica médica.
Acompañado por el abogado Surun Hernández, el médico compartió su experiencia para denunciar lo que considera una cadena de errores y omisiones dentro del sistema sanitario. Su historia, más allá del caso personal, plantea una pregunta que muchos dominicanos se hacen: ¿qué tan protegidos están los pacientes cuando algo sale mal durante un procedimiento médico?
El procedimiento que cambió su vida
El doctor Méndez relató que el 7 de septiembre de 2024 acudió al Instituto Médico San Lucas, en el sector de Gascue, para realizarse una colonoscopía y una endoscopía, procedimientos comunes para revisar el estado del sistema digestivo. Según explicó, la doctora a cargo —identificada como Rocadis Rodríguez— no le hizo firmar ningún consentimiento previo ni le solicitó estudios adicionales, pese a que él había informado tener una operación anterior con colocación de mallas quirúrgicas en el área abdominal.
Durante la intervención, todo parecía marchar con normalidad. Sin embargo, poco después de despertar de la anestesia, el paciente comenzó a sentir un dolor intenso en el abdomen. De inmediato, expresó su preocupación y pidió ser evaluado nuevamente, convencido de que algo no estaba bien.
Según su relato, la respuesta médica fue minimizar los síntomas. Le recomendaron tomar té de anís y regresar a su hogar. Pero con el paso de las horas, el malestar se intensificó. Fue entonces cuando decidió acudir a otro centro de salud, donde, tras realizarle una radiografía, los especialistas determinaron que existía una perforación intestinal, lo que requirió una cirugía de emergencia para evitar complicaciones graves.
Una recuperación larga y costosa
Méndez asegura que aquella intervención cambió su vida para siempre. Los meses posteriores estuvieron marcados por fuertes dolores, pérdida de peso, dificultades digestivas y una prolongada recuperación. Afirma haber gastado más de 2.8 millones de pesos entre hospitalizaciones, tratamientos y medicamentos, además de quedar con limitaciones físicas que le impiden trabajar con la misma energía de antes.
“Hoy no soy el mismo. No puedo comer igual, ni trabajar con la fuerza de antes. A veces tengo que pasar el día solo con líquidos porque mi cuerpo no responde como antes”, comentó con voz entrecortada durante la entrevista.
El impacto emocional también ha sido profundo. “Cuando te quitan la salud, te quitan la vida que conocías. Todo cambia: el trabajo, la familia, la estabilidad emocional”, agregó, destacando que muchos pacientes no tienen los recursos para enfrentar una situación similar.
El análisis legal del caso
El abogado Surun Hernández, quien representa al Dr. Méndez, explicó que el caso evidencia las debilidades del sistema judicial y médico en materia de responsabilidad profesional.
Según detalló, los médicos en República Dominicana asumen una “obligación de medios”, es decir, deben aplicar todos los procedimientos y cuidados razonables para garantizar la seguridad del paciente. Sin embargo, en este caso, sostiene que no se realizaron las pruebas previas necesarias, como análisis de laboratorio o estudios de imagen, lo que habría evitado complicaciones.
“Cuando un paciente informa antecedentes quirúrgicos, lo mínimo que debe hacerse es una evaluación completa antes del procedimiento. No hubo esa precaución, y tampoco hubo una reacción adecuada después, cuando aparecieron los síntomas”, explicó Hernández.
Además, señaló que el proceso legal avanza con lentitud. Aunque la querella fue interpuesta en noviembre de 2024, el peritaje médico aún no ha sido completado. “El Ministerio Público carece de una unidad especializada para investigar malas prácticas médicas, y eso retrasa la justicia. Hay casos que duran años sin resolverse”, afirmó.
Un sistema sin respuestas rápidas
El caso del Dr. Méndez no es un hecho aislado. Diversos abogados y asociaciones médicas han señalado que la falta de regulación efectiva y la escasez de sanciones concretas generan un ambiente donde los errores médicos rara vez tienen consecuencias legales.
De acuerdo con Hernández, el artículo 164 de la Ley 42-01 de Salud Pública establece la responsabilidad médica, pero no contempla sanciones penales específicas, lo que obliga a los abogados a recurrir al Código Penal. En el mejor de los casos, las penas por negligencia médica pueden ir de seis días a dos meses, algo que muchos califican como insuficiente.
“Es frustrante ver cómo un paciente sufre tanto y el sistema responde con penas tan leves. Eso no incentiva la prevención ni la ética profesional”, advirtió el abogado.
El llamado a la reflexión y al cambio
Más allá de la querella, el Dr. Méndez busca generar conciencia sobre la importancia de la ética médica y la necesidad de mejorar los controles en los centros de salud.
“El paciente confía su vida a un médico, y esa confianza no puede tomarse a la ligera. Debe haber más supervisión, más responsabilidad y también un sistema judicial que funcione con rapidez”, expresó
